Por Powel Valerio
Santo Domingo. - Una investigación periodística ha destapado una serie de irregularidades en torno al supuesto ascenso a general de Jairo Domínguez Pérez Florian, ex intendente general del cuerpo de bomberos del distrito municipal Salvia los quemados, en municipio de Bonao.
El ascenso de Pérez Florian a general fue divulgado en el año 2021 a través de las redes sociales, bajo un supuesto decreto 136-21. Sin embargo, la oficina del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo ha emitido una certificación que aclara que el *Decreto 136-21 corresponde a la naturalización de ciudadanos extranjeros, no a un nombramiento o ascenso dentro del cuerpo de bomberos.
En contacto telefónico, el señor Pérez Florian declaró que cuenta con un equipo de abogados para manejar la situación y afirmó que se abstendría de utilizar el rango de general. No obstante, al ser cuestionado sobre su aparición uniformado con las insignias de general en un evento en el Cuerpo de Bomberos de Los Alcarrizos, se limitó a responder que la actividad no era oficial de su cuerpo de bomberos.
La controversia se profundiza con las declaraciones del ex alcalde del distrito municipal Salvia los Quemados, Domingo Dilone "el Gringo". Dilone manifestó que en su demarcación no existe un cuerpo de bomberos oficial y que los regidores de la alcaldía ratificaron una ordenanza donde no se aceptaba dicho nombramiento. El ex edil fue enfático al asegurar que él sabía que Jairo Pérez Florian no era general y que por eso no fue designado.
Las dudas sobre la legitimidad de su rango no solo provienen del ámbito local. El ex presidente de la Unión Nacional de Bomberos (UNABOM), el general Santos Méndez, confirmó la existencia de una investigación en curso en el Ministerio de Interior y Policía con respecto a la situación de Pérez Florian, añadiendo que él también estaba al tanto de que el rango de general no era legítimo.
De igual manera, el actual presidente de UNABOM, el general
Luis Esmurdoc, ratificó tener conocimiento de que el señor Pérez Florian no es general, y que usurpa dicho rango sin tener un aval del mismo.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una revisión en los procesos de ascensos y nombramientos en instituciones de servicio público, así como la importancia de verificar la veracidad de la información que circula en las redes sociales.
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